México gran socio de EU

La secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, firma la Declaratoria Conjunta Sobre Seguridad de la Aviación Civil junto con Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Dominicana, Panamá y la Organización de Aviación Civil Internacional

A fin de reforzar las medidas de seguridad en aeropuertos y en las operaciones de la aviación civil, México, Estados Unidos y otros seis países de la región firmaron una declaratoria para trabajar de manera coordinada e intercambiar información, ante la amenaza compartida de sabotajes y actos terroristas.
En el marco del Diálogo sobre Seguridad en la Aviación Civil que se realizó en México, Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, señaló que después del intento de sabotaje del 25 de diciembre en Estados Unidos, se debe fortalecer la seguridad en el mundo pues “está muy claro que a Al Qaeda le gustaría atacar de nuevo la aviación internacional”.
Indicó que no se puede cometer el error de pensar que la seguridad aérea es total, por lo que el consenso entre los países para adoptar mejores medidas es clave; un escenario en el que señaló que México “es un gran socio para la seguridad”.
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, señaló que “cuando un acto contra la aviación civil llega a cristalizarse no sufre una sola nación”, ya que los pasajeros afectados son de diversas nacionalidades, por lo que reiteró el compromiso del gobierno a continuar trabajando en la aplicación de medidas de seguridad en aeropuertos y en las operaciones de la aviación civil.
Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, República Dominicana, Brasil, Chile y Argentina, así como la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), firmaron la declaratoria en la que concluyeron que “las amenazas a la seguridad de la aviación civil representan un riesgo común para la actividad aeronáutica, y en especial para los pasajeros, su libertad de movimiento e integridad física”.
Acordaron promover medidas como la seguridad de los documentos de viaje, los procedimientos de inspección de pasajeros, utilizar información biométrica y reportar de forma constante los pasaportes perdidos o robados a Interpol.
Se fortalecerá el intercambio de información para detección temprana de amenazas, por lo que incluso se evalúa la creación de centros especializados de operación en cada estado para compartir estos datos.
Otras de las medidas en seguridad aeroportuaria será la detección conductual y análisis dirigido de pasajeros para detectar a sospechosos, además de la utilización de tecnología de punta para la detección de sustancias y explosivos.
El proceso judicial contra el ex líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, permanece
empantanado en una corte federal estadunidense, tres años después de que éste fuera extraditado de México para enfrentar aquí cargos por narcotráfico.

Hilda Tagle, la juez a cargo del caso en la Corte del Distrito Sureste de Texas en Houston, ha cancelado todas las audiencias programadas para definir la situación legal de Cárdenas Guillen, lo que ha paralizado técnicamente el procedimiento.

Sin embargo, los avances y detalles del caso se desconocen luego de que la juez ordenara sellar el expediente para mantenerlo desde el inicio fuera del escrutinio público, mientras la fiscalía y la
defensa alistaban sus argumentos para el juicio.
La magistrada impuso también una orden de silencio que prohíbe a fiscales federales y abogados defensores el discutir el caso con la prensa y personas ajenas al mismo.

La semana pasada, el periódico The Houston Chronicle logró romper el largo silencio sobre el caso, al obtener mediante una moción judicial algunos documentos que fueron liberados por la juez.

El rotativo informó que el gobierno estadunidense le ha decomisado a Cárdenas Guillén 26 millones de dólares.
Los documentos también dejaron saber detalles sobre las preocupaciones de seguridad expresadas por la defensa del mexicano, extraditado por México en enero de 2007. La mayor parte del caso, empero, continúa sellada, aunque pudiera seguir la desclasificación de documentos.

El mexicano está acusado de un total de 17 cargos federales, incluidos 10 por posesión con intento de distribución y contrabando de diversas cantidades de marihuana y cocaína. EL UNIVERSAL